En apenas unas semanas, la explicación del gobierno municipal del PP sobre el retraso en la puesta en marcha del servicio de vigilancia y socorrismo de la playa de Meliana ha cambiado de forma significativa.
El pasado 15 de mayo, el Ayuntamiento de Meliana utilizó sus canales institucionales para responsabilizar exclusivamente a la Demarcación de Costas y al Gobierno de España del retraso en la instalación del servicio, afirmando incluso que la playa permanecería sin socorristas hasta el 1 de julio «por culpa del Gobierno de España».
Sin embargo, las explicaciones ofrecidas posteriormente por el propio equipo de gobierno muestran que también existieron problemas relacionados con la gestión municipal y la contratación del servicio.
Para Manuel Carrasquero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, este caso vuelve a abrir el debate sobre el uso de la comunicación institucional y la necesidad de ofrecer información completa a la ciudadanía.
Una cronología que ayuda a entender lo ocurrido
La evolución de los acontecimientos permite comprobar cómo fueron cambiando las explicaciones ofrecidas por el gobierno municipal.
15 de mayo
El Ayuntamiento de Meliana publica varios mensajes en sus redes sociales oficiales asegurando que el retraso en la puesta en marcha del servicio de socorrismo se debe a las limitaciones impuestas por la Demarcación de Costas.
Entre otros mensajes, afirma que la playa permanecerá sin socorristas hasta el 1 de julio «por culpa del Gobierno de España» y que las restricciones responden a la protección del corriol camanegre.
Finales de mayo
El Ayuntamiento inicia el procedimiento de contratación del servicio de vigilancia y socorrismo.
Sin embargo, posteriormente se conocerá que esa primera licitación quedó desierta y fue necesario volver a licitar el contrato.
7 de Julio de 2026
En una respuesta pública, el concejal Pedro Cuesta explica que el contrato tuvo que volver a licitarse y que la torre de vigilancia no estaría instalada desde el primer día del servicio.
Esta secuencia muestra que el retraso no obedecía únicamente a los condicionantes de Costas, sino que también existieron incidencias en la contratación municipal que no se explicaron cuando el Ayuntamiento difundió su campaña institucional.
El gobierno de Trini Montañana pasó de culpar a Costas a reconocer problemas de gestión
Nadie discute que la Demarcación de Costas pudiera establecer determinadas condiciones para compatibilizar la protección del entorno natural con el uso de la playa.
Lo que llama la atención es que las primeras comunicaciones oficiales del Ayuntamiento centraran toda la explicación en esa circunstancia, mientras que posteriormente el propio equipo de gobierno reconocía que el procedimiento de contratación también había sufrido incidencias.
Las administraciones pueden encontrarse con dificultades en la tramitación de un contrato público. Precisamente por eso resulta especialmente importante ofrecer a la ciudadanía una información completa sobre todas las circunstancias que afectan a un servicio municipal
Manuel Carrasquero: «La comunicación institucional debe informar, no señalar culpables»
Para Manuel Carrasquero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, este episodio vuelve a evidenciar una forma de comunicar que ya se ha repetido en otras ocasiones.
«La ciudadanía merece una información completa y transparente. Si existían condicionantes por parte de Costas, debían explicarse. Pero si además la licitación quedó desierta y hubo que repetir el procedimiento, esa información también debía formar parte de la comunicación institucional. Los canales del Ayuntamiento están para informar, no para construir un relato político.»
Conclusión
La gestión pública exige planificación, transparencia y responsabilidad.
Cuando surgen dificultades, lo razonable es explicar todas las circunstancias que las provocan y ofrecer una información completa a la ciudadanía.
Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos defendiendo una comunicación institucional rigurosa, transparente y al servicio de todos los vecinos y vecinas de Meliana.